Mg. CD. Raúl Botetano Villafuerte
Decano del Colegio Odontológico de Lima
Históricamente, las funciones relacionadas con la salud en el Perú fueron ejercidas por el Protomedicato desde los inicios de la conquista en el año 1534, siendo designado don Hernando de Sepúlveda a quien se le encarga las funciones de supervisar el ejercicio de la medicina, velar por la salud pública de los nuevos territorios y en un futuro registrar a los nuevos médicos egresados de las universidades. En el tiempo, las funciones del Protomedicato fueron ampliadas durante el Virreinato, siendo también sus funciones regular la enseñanza de la medicina en la Universidad. Un notable protomédico fue don Hipólito Unanue quien además de buen médico y docente universitario, demostró cualidades como regente de la salud durante la gestión del virrey José de la Serna; fuera esta amistad la que permitió años después la creación de la Escuela de Medicina de San Fernando y la construcción ad-hoc para esta Escuela. A fines del virreinato fue creado el cargo de Protofarmacéutico y posteriormente el de Protoflebótomo.
(FOTO: Ex Decanos y notables de la odontología. Año 2005)
Debido a que los docentes y autoridades de la universidad se mantuvieron al margen de la gesta emancipadora, éstos fueron soslayados después de haber sido declarada la Independencia del Perú en el año 1824. El último protomédico del Perú fue don Cayetano Heredia, quien rechazó de plano la desaparición de dicho cargo.
Pero, ¿cuáles fueron las funciones históricas del Protomedicato desde la colonia hasta inicios de la vida Republicana? Pues fueron tres.
La primera función facultaba al protomédico a vigilar el control de las enfermedades en el virreinato, y posteriormente en el Perú declarado independiente, así como establecer las políticas sanitarias para resguardo de la salud en todos los pobladores de su respectiva jurisdicción.
La segunda función era supervigilar la enseñanza de la medicina en la Universidad, que en aquel entonces se limitaba a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (llamada en aquel entonces Universidad Mayor de San Marcos).
La tercera función era supervigilar el ejercicio de la práctica de la medicina y las profesiones relacionadas. Esta función facultaba al Protomédico para realizar evaluaciones de calificación para los médicos que deseaban ejercer en el Perú, y autorizar la expedición de sus respectivas licencias para ejercer como tales.
La primera función que perdió el Protomedicato durante el siglo XIX fue la aprobación del currículum de la Universidad, siendo ésta asignada en forma unívoca a los propios fueros universitarios. Posteriormente el Protomedicato fue eliminado, siendo creado el Ministerio de Fomento y Obras Públicas con el fin de encargarse de la función de velar por la salud pública en el Perú. Posteriormente, ya durante mediados del siglo XX se crea el Ministerio de Salud para tales fines.
Es también durante mediados del siglo XX que se crea la Asamblea General de Rectores uno de cuyos fines es la creación de mecanismos que contribuyan a la optimización de las instituciones universitarias, verbigracia, supervigilar la labor universitaria.
Sin embargo, la tercera función del Protomedicato que era supervigilar el ejercicio de los profesionales médicos (ya para ese entonces médico-cirujano, cirujano-dentista y químico-farmacéutico) fue asignada también al Ministerio respectivo quien se limitó al registro de las licencias sin ejercer ningún control efectivo en la práctica profesional.
Es dentro de este marco de vacío de la praxis médica que surge en la década de los años 30’ una corriente de profesionales médicos y odontólogos que buscaron la creación de una institución autónoma que se encargara de supervigilar el ejercicio profesional de la práctica médica. Es decir, aparece la necesidad que el Estado entregue legalmente esta función a una institución conformada por los mismos profesionales para que se encarguen de esta labor y contribuyan con el Estado para beneficio y seguridad sanitaria de la población.
Surge entonces una propuesta nacional para la creación de los Colegios Profesionales autorizados por una ley emanada desde la autoridad máxima del Estado, es decir, el Congreso de la República del Perú.